sábado, 6 de diciembre de 2014

Hay muchas formas de entorpecer la labor de la justicia

Nuestros políticos siguen considerándonos como a auténticos estúpidos y por eso siguen más empeñados en defender su statu quo que en trabajar de verdad para resolver nuestros problemas. Ellos tienen muy claras sus prioridades: mantenerse en el puesto como sea y a ese fin sacrifican todo lo demás.
El PP y el PSOE están preocupados por la fuerza con la que ha irrumpido en la política española el partido de Pablo Iglesias, Podemos, pero muestran una total falta de ideas para combatir a un partido que es especialista en hacer diagnósticos pero que no tiene ideas viables para curar las enfermedades.
Los dos grandes problemas de la sociedad española son el paro y la corrupción. En cuanto al primero, ni el PP, ni el PSOE saben qué medidas tomar para reducir el desempleo a niveles razonables y en lo que respecta a la corrupción, se empeñan en disimular la que afecta a su partido señalando insistentemente la que afecta al partido rival.
El espectáculo protagonizado hace unos días en el Congreso por Rajoy y Pedro Sánchez arrojándose los casos de corrupción a la cabeza fue lamentable y dejó patente que ninguno de los dos quiere acabar de verdad con esa lacra de nuestra política que nos ha arruinado económica y socialmente.
La última ocurrencia, por no llamar tomadura de pelo, del gobierno es limitar la duración de las instrucciones bajo el paraguas de luchar contra la corrupción. Con esa excusa, lo que buscan en realidad es limitar las investigaciones de los jueces, que deberán reducir el alcance de sus pesquisas para poder sacar adelante alguna parte sacrificando lo demás para evitar superar los plazos fijados. Las instrucciones serán más deficientes, aumentando las posibilidades de que los errores durante la fase de instrucción malogren el resultado final del proceso. Y, por fin, aumentarán las prescripciones, que es el objetivo de las prácticas dilatorias de muchos abogados, ante la imposibilidad de defender de otra forma a sus clientes.
Si de verdad quisieran luchar contra la corrupción, si desearan que los procesos no se eternizaran, si tuvieran como objetivo que la jusiticia condenara a los culpables de corrupción de manera rápida y efectiva, en lugar de limitar por ley la duración de la instrucción, buscarían el mismo efecto dotando de medios a la justicia, dando apoyo a los jueces que instruyen causas con decenas o centenares de imputados (Gürtell o los EREs) y que no reciben ningún apoyo para desarrollar un trabajo que les exige un esfuerzo titánico.
Pero no hacen eso, ni hablar, se quejan, hipócritamente, de que la instrucción se prolonga demasiado los mismos que congelan las plazas de jueces, que mantienen a los juzgados con los mismos medios que en el siglo pasado y que, en definitiva, no toman una sola medida para modernizar y agilizar la justicia.
Un dato que ejemplifica muy bien todo lo dicho es que en España hay 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en Europa es de 21.
No es necesario añadir nada más, si acaso, que hay muchas formas de entorpecer la labor de la justicia.