domingo, 9 de noviembre de 2014

9N

Yo soy de los que creen que es necesario hacer una consulta en Cataluña para conocer el alcance del problema que los políticos catalanes han puesto en el primer lugar de los intereses de los catalanes, cuando estoy seguro de que hay muchas personas en Cataluña a las que, más que la independencia, lo que les preocupa es llegar a fin de mes, dar de comer a sus hijos tres veces al día, encontrar un tarbajo digno, no ser explotadas por empresarios sin escrúpulos, tener una asistencia sanitaria decente...
Soy partidario de organizar una consulta, pero una consulta legal, democrática y con todas las garantías. Me parece indignante que Mas y los partidos independentistas ofrezcan a sus ciudadanos este sucedáneo del 9N. Me parece una gran falta de respeto a los catalanes, a todos los catalanes, a los partidarios de la independencia y a los que no lo son, que también tienen sus derechos aunque nadie parece acordarse de ellos, que organicen una consulta sin censo, sin ninguna garantía democrática, lo que quitará toda validez a lo que salga de esas urnas tramposas que han decidido instalar abusando de la buena fe de muchos independentistas e ignorando a los que no lo son.
La independencia de un país es una cosa demasiado seria, que tiene muchas implicaciones de todo tipo: sentimentales, económicas, culturales... como para actuar con tanta ligereza y frivolidad.

domingo, 2 de noviembre de 2014

Podemos. ¿Quién puede?

Parece que todo empezó hace unos años cuando, durante los gobiernos de Zapatero, algunos comenzaron a desprestigiar lo que había sido considerado por todos y en todas partes un gran logro de todos los españoles: la transición, el paso de una dictadura a una democracia parlamentaria de manera pacífica y ejemplar.
En esos años empezaron a alzarse la voces que decían que la transición se había hecho sobre el silencio de las víctimas: los perdedores de la guerra civil y los represaliados y asesinados por la dictadura, y, con el aliento bienintencionado e ingenuo Zapatero, comenzó lo que se dió en llamar la recuperación de la memoria histórica.
Al tiempo comenzaron los ataques a la Constitución del 78 y, de manera destacada, a la jefatura del estado. La monarquía volvía a estar entredicho con el pueril argumento de que una gran parte de los españoles no había tenido ocasión de votar la constitución y, por tanto, no había podido elegir entre monarquía y república. A esto se unía una batería de pseudoargumentos como que en el 78 se había votado con miedo a una vuelta a la dictadura y, por tanto, sin libertad; de modo que la constitución carecía de valor suficiente como garante de nuestra forma de estado.
Con la colaboración inestimable del entonces rey Juan Carlos I, el asedio a la corona llegó a su punto culminante y terminó con la abdicación. Se había superado otra etapa y ahora los republicanos, conscientes seguramente de que a corto plazo no es posible conseguir otra abdicación, han vuelto a un discreto segundo plano.
Tampoco se habla apenas ya de la memoria histórica y la reforma de la constitución parece un tema olvidado, salvo para usarlo como mantra por los socialistas como si fuera la fórmula mágica para solucionar el problema de Cataluña.
Pero como la historia sigue su curso y ésta no es producto de la casualidad, nos encontramos ahora en un momento crucial para España: el más que posible fin del actual régimen.
El gran problema de España no es Cataluña, que es un gran problema, pero que se podría solucionar, como tantas cosas en este país, con una mínima colaboración entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, a los que ayudarían, sin duda, otros minoritarios como UPyD o Ciudadanos. El gran problema es la descomposición del PP y el PSOE que están viendo cómo su capacidad de influencia en la mayoría de los ciudadanos se está disolviendo, cada vez a más velocidad, en el ácido de su propia corrupción que, por mucho que repitan que se trata de casos aislados, es estructural.
Con una crisis profunda y tan prolongada en el tiempo como la que estamos sufriendo desde 2007; con los millones de parados que se ha cobrado; con las recetas aplicadas para combatirla, que ha metido de lleno en la pobreza a capas de la sociedad que se creían al abrigo de la misma y que ha dejado diezmada a la clase media española; era solo cuestión de tiempo que apareciese un salvador que, en España, tendría que ser de izquierdas. Y ya ha aparecido. Con un líder que hace dos años era un perfecto desconocido para la mayoría de los ciudadanos, un gris profesor universitario que se movía en los márgenes de la política española defendiendo a los nuevos regímenes bolivarianos de hispanoamérica, aparece una formación de aluvión unida por la argamasa del descontento, la condena a los partidos tradicionales que no han sabido dar una respuesta a los ciudadanos ante la terrible crisis y el asco por una corrupción que parece haber calado hasta los tuétanos de partidos y sindicatos.
Pablo Iglesias se convierte en un líder de masas gracias a la cobertura que le ofrecen las cadenas de televisión, Cuatro y La Sexta, que mantienen una línea editorial progresista a pesar de que ya no pertenecen a sus fundadores.
Es entendible que esas cadenas quieran cubrir ese espectro de la sociedad que se ve más indentificado con ideas progresistas. Tienen sus audiencias y eso es lo que cuenta para un medio de comunicación.
El caso es que esas cadenas que en ningún momento dieron (ni dan actualmente) ni la décima parte de cobertura a los nuevos partidos que empezaban a surgir: UPyD y Ciudadanos, por ejemplo, regalaron horas de televisión a Pablo Iglesias hasta convertirlo en el fenómeno político que es actualmente.
Es cierto que sin la crisis, las medidas que el PP ha aplicado para combatirla y la corrupción que asola a los dos grandes partidos, Pablo Iglesias no dejaría de ser un personaje pintoresco en los debates televisivos, pero, en ese caldo de cultivo, parece haberse convertido en una alternativa de gobierno.
Llegados a este punto podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Por qué afloran ahora casos de corrupción por todas partes, cuando los manejos ilegales se remontan a muchos años atrás? Hay una respuesta evidente: la policía, la guardia civil y los fiscales son los que investigan y ponen las pruebas en manos de los jueces. En efecto, pero ¿quién proporciona el hilo del que tiran los investigadores para llegar, precísamente ahora, a la madeja de la trama?
¿Por qué a pesar de que Podemos tiene unos planteamientos declaradamente antisistema y de que no disimula su poco cariño a la economía de mercado sigue recibiendo, y gratis, una amplísima cobertura por parte de las ya citadas cadenas de televisión, cuyos dueños no parecen ser unos amantes de la revolución, ni bolivariana, ni de ningún otro tipo?
A mí se me ocurren unas pocas respuestas a estas preguntas y todas ellas son muy inquietantes.