sábado, 30 de junio de 2012

La quiebra del estado


La política hace tiempo que, en España, se ha convertido en una actividad perversa, pero con la llegada de la crisis y su agudización de los últimos meses se ha puesto del todo en evidencia.
Se aprueban recortes de todo tipo para los ciudadanos con la excusa de que es inevitable para disminuir los gastos del Estado y atajar el déficit, pero se mantienen intactas las estructuras hipertrofiadas de una administración tan ineficaz como desmesurada.
No se busca corregir los defectos de base de una estructura estatal insostenible económicamente, ineficaz y que tiene como fin primordial colocar a los militantes y simpatizantes a fuerza de crear cientos de organismos, entes, empresas públicas y semipúblicas, patronatos y cualquier tipo de organización a la que destinar recursos cuyo objetivo principal es pagar buenos sueldos a los amiguetes colocados en ellos.
En estos meses de recortes de servicios, subidas de impuestos e incremento de precios de productos regulados no se ha tomado ni una sola decisión que afecte de manera sustancial a esa estructura que nos asfixia económicamente y que nos complica la vida con obligaciones absurdas.
Con la apariencia de una administración moderna mantenemos unos funcionamientos propios del siglo XIX, en los que todas las obligaciones recaen sobre los súbditos (que nos ciudadanos) y todos los derechos sobre la administración.
Los políticos se empeñan en mantener esa maquinaria funcionando a costa de los impuestos de los ciudadanos y a pesar de que la misma es un lastre para éstos y para el desarrollo de sus proyectos empresariales.
Los organismos de control, con el Banco de España como paradigma, se han demostrado totalmente incapaces de ejercer la función reguladora para la que fueron creados. Las Cajas de Ahorros fueron llevadas a la quiebra por una gestión suicida; muchos bancos están al borde de la quiebra, cuando no quebrados, por una errónea política de riesgos. Los oligopolios acuerdan precios saltándose las leyes de la competencia. Las empresas eléctricas consiguen de los gobiernos reconocimientos de deudas por unos déficit de tarifas que ellas mismas establecen y fichan a expresidentes y a exministros en una sospechosa y odiosa colusión de intereses que a cualquier ciudadano con unos índices de moralidad en los límites de lo normal sólo pueden que repugnarle.
Las Cajas de Ahorros han sido arruinadas por unos gestores que han creído que los libros de cuentas lo aguantan todo y que el dinero caía del cielo y que antepusieron sus intereses políticos por encima de la solvencia y el futuro de las entidades que dirigían. Pero, además, las esquilmaron con sueldos millonarios, contratos blindados y planes de pensiones que avergonzarían a cualquier persona decente.
En definitiva, los gobernantes de nuestra democracia, que surgió tras una modélica transición desde la dictadura, han llevado a nuestro país a la ruina e, incapaces de reconocer sus errores, el alcance de los daños y la imposibilidad de continuar con este modelo de Estado, se mantienen empecinados en el error haciendo que los contribuyentes paguemos las consecuencias sufriendo los recortes de los servicios y el aumento de los impuestos.
¿Hasta cuando vamos a consentir que se salgan con la suya?

sábado, 16 de junio de 2012

No es el fin del mundo, pero sí el de nuestras familias

Dejo el enlace al artículo de Roberto Centeno en Cotizalia que lleva el título de este post. Es imprescindible leerlo para saber por qué estamos como estamos y lo que nos espera.

domingo, 10 de junio de 2012

La inadmisible forma de "lucha" de los mineros


Los mineros del carbón están en huelga desde hace 11 días. ¿Motivo? El fundamental, que el gobierno ha rebajado unilateralmente el importe de los Fondos Mineros, fondos que tienen como fin la reindustrialización y mejora de las comarcas mineras para compensarlas por la disminución del sector de la minería del carbón.
Vaya por delante que no me opongo a que los mineros reivindiquen lo que crean necesario para ellos como trabajadores y para sus comarcas. Con lo que no estoy de acuerdo es con la forma en la que están llevando a cabo sus protestas. Pero antes, hagamos un poco de historia.
La minería del carbón lleva en España 30 años en reconversión. Se dice pronto, pero 30 años son muchos años y esos años han estado (y aún lo están) llenos de dinero público empleado en prejubilaciones y en planes de formación, empleo, reindustrialización y mejora de las comarcas mineras.
Los resultados de todo ese dinero, salvo el destinado a prejubilaciones que ha permitido mantener el poder adquisitivo de los trabajadores excedentes del sector y, por tanto, cierto nivel de consumo en las comarcas (digo cierto porque muchos prejubilados no se han quedado a vivir en las comarcas mineras) el resto ha servido para bien poco. En muchos casos se ha dejado la decisión de las inversiones en manos de los sindicatos y éstos, no se les puede reprochar, no han sabido acertar en las proyectos. Uno de los ejemplos más destacados fue la construcción de un campus universitario en Mieres.
Pero no sólo se han empleado mal, es que ni tan siquiera se han aportado proyectos suficientes para emplear todos los fondos previstos. De hecho, el recorte del gobierno ha consistido en reducir este año la cantidad de esos fondos al importe adjudicado el año pasado.
El resultado de todo esto es que como los recursos, por grandes que sean (que lo han sido) son finitos, lo que se emplea en unas cosas no se emplea en otras y así tenemos que 30 años después y con el horizonte del 2.018 señalado por la UE como el fin de la minería del carbón en España, las comarcas mineras están más depauperadas, empobrecidas y sin alternativas de empleo que nunca.
Y ahora los mineros salen a la calle y vuelven a hablar ellos, los partidos de izquierdas y un buen número de personas de solidaridad y lucha justa por sus derechos, pero nadie se cuestiona la justicia de esa lucha. Los mismos que cuando los que hacen huelga son los maquinistas de RENFE, los controladores aéreos o los pilotos de Iberia, se cansan de hablar de trabajadores privilegiados que toman por rehenes al resto de ciudadanos, se muestran ahora complacidos con la “lucha solidaria de los mineros”.
Y esta es la parte de la historia con la que no estoy de acuerdo. Los mineros pueden ser muy solidarios con ellos mismos, pero en absoluto con el resto de trabajadores. No he visto un solo minero en la calle estos últimos cuatro años mientras los trabajadores de la construcción se iban uno tras otro al paro hasta formar una buena parte de los cinco millones de parados que tiene España.
Los mineros salen a la calle impiden la libre circulación de mercancías y personas si importarles los problemas de los demás. Estudiantes que no pueden acudir a los exámenes finales, enfermos que no pueden acudir a consulta o a tratamiento, otros trabajadores que no pueden acudir a su trabajo...
Los trabajadores que padecen los cortes de carretera no tienen, ni tendrán nunca, la seguridad en el empleo que tienen los mineros de Hunosa, no tienen, ni tendrán nunca sus condiciones económicas, ni tienen, ni tendrán nunca la seguridad de acceso a unas prejublaciones de privilegio a los 42 años.
Y si alguien va a argumentar el peligroso y penoso trabajo de los mineros, ya me adelanto a decirle que sí, pero que no es más penoso o peligroso que el de los trabajadores de la construcción (sólo hay que repasar las cifras de siniestralidad laboral de cada sector) o que el de los pescadores, y ni unos ni otros tienen las condiciones económicas o de acceso a la jubilación de aquellos.
Y termino como empecé, no discuto el derecho de los mineros a luchar por lo suyo o por lo que creen que es mejor para sus comarcas, aunque estén equivocados, pero no puedo estar de acuerdo en que su lucha se lleve por delante los derechos de los demás.
Y para terminar, algo que ilustra bien lo que algunos esconden tras la lucha de los mineros. Esta pasada semana José Ángel Fernández Villa, tradicional líder del SOMA-UGT, le decía a un policía: “llevo sesenta años en este negocio y no acepto la represión”. Pues eso.