Trichet ataca de nuevo

El anuncio de Trichet de que es posible que suba el tipo de interés dentro de un mes es un aviso, cuando menos, imprudente. Siempre nos habían dicho que las devaluaciones de la moneda y las subidas de los tipos de interés y otras medidas económicas no deben anunciarse nunca con antelación, es más, deben negarse hasta el minuto antes de que se hagan efectivas. Las razones son evidentes y no hace falta explicarlas, y la subida del euribor de estos días es la prueba del nuevo. ¿Quién hará el agosto con este aviso? Los de siempre: los que tienen dinero y pueden aprovechar la coyuntura.

Pero no es sólo que sea imprudente hacer con tanta antelación un aviso de este tipo, es que yo tengo grandes dudas de que sea lo más recomendable.

El motivo de Trichet para elevar los tipos de interés es la tendencia al alza de la inflación. Pero gran parte de la inflación tiene su origen en la subida del petróleo, y no tanto en el crecimiento del consumo.

En España no se consume y en los países de Europa donde está creciendo la economía, ésta lo hace gracias a las exportaciones y no al consumo interno que, como el caso de Alemania, está totalmente retraído.

Por eso no es nada seguro que la receta sea subir los tipos. Cuando la subida del petróleo amenaza con terminar con la débil recuperación de la economía en USA y en aquellos países de Europa que habían empezado a crecer, y la sombra de la recesión ha vuelto a aparecer en el horizonte, la medida de Trichet se hace efectiva puede hacerla inevitable.

No podemos olvidar que el simpático Trichet decidió en 2007 elevar los tipos de interés porque la inflación era una muestra del recalentamiento de la economía, según nos explicaba muy serio. Cuando la realidad era que la economía se estaba congelando y se congeló por completo pocos meses después.

El 23F y otros golpes

Esta semana se ha celebrado con alborozo y exceso de fasto el treinta aniversario del fallido golpe de estado del 23F.
Todos los años recordamos agradecidos que los militares no consiguieran que España retrocediera de golpe cien años, cuando apenas habíamos vislumbrado la posibilidad de situarnos en los años correctos del siglo, una vez terminada la dictadura y reinstaurada la democracia.
Pero en estos treinta años el golpe del 23F de 1.981 no fue el último, sólo fue el último protagonizado por militares y que tenía como fin establecer una (otra) tiranía militar.
No se dan golpes de estado sólo con pistolas y vestidos de uniforme. También se dan golpes de estado y se socavan la democracia y el estado de derecho participando en tramas de corrupción o dejando que esas tramas campen a sus anchas porque se obtienen fondos para el partido o porque limpiar de corruptos las filas del nuestro es darle armas al adversario.
Se dan golpes de estado cuando desde las más altas instituciones del estado se hace dejación de funciones y se permite que algunos privilegiados, amigos y compañeros de partido hagan negocios y se enriquezcan con prácticas de discutible legalidad.
Se dan golpes de estado cuando se usan los fondos públicos para beneficio propio y se malgasta el dinero de los ciudadanos para atraerse las simpatías de los votantes. O cuando se llena la administración de asesores, asesores de los asesores y asesores de los asesores de los asesores para formar una clientela de estómagos agradecidos que les votaran por más nefastas que sean sus políticas.
Se dan golpes de estado cuando se aplican las políticas opuestas a las que se prometieron en la campaña electoral y se reconoce en la casa política de todos los españoles, el Congreso de los Diputados, y se dice como si fuera lo más natural del mundo “yo no he cambiado de convicciones, pero debo hacer otra política obligado por las circunstancias”.
En vez de comer, reunirse, condecorarse y felicitarse, nuestros políticos deberían haber hecho un pleno de las dos Cámaras para, por un día, hacer un ejercicio de autocrítica y preguntarse si en estos treinta años habían conducido a España por la senda deseada por los ciudadanos o se había creado un país de espaldas a la sociedad.
Y no puedo terminar sin un recuerdo a mi admirado MAFO, actual Gobernador del Banco de España a quien Dios guarde muchos años.
Los economistas de esa institución, supongo que hartos de que todo el mundo diga que no tienen ni idea y que no supieron prever la crisis, al igual que los expertos del FMI, han dicho que ellos en 2.006 ya habían hecho un informe alertando del peligro de la burbuja inmobiliaria y del riesgo de que bancos y cajas concentraran tanto riesgo en el ladrillo. Pero, claro, sus jefes se encogieron de hombros y decidieron mirar para otro lado, supongo que después de analizar la situación y ver que sus amigos y compañeros de juegos se estaban haciendo muy ricos y que cuando todo se fuera al traste siempre quedarían los pobres para pagar la factura, que, por otra parte, es lo que siempre ocurre desde que el mundo es mundo.
¿Qué ha dicho a eso mi querido MAFO? Pues algo digno de un hombre tan serio como él que siempre en sus admoniciones nos dice que estamos muy mal acostumbrados y que esto no puede seguir así, es decir, que deben bajarnos los sueldos, subirnos los impuestos, retrasar la edad de jubilación y reducirnos las pensiones. Pues ha dicho este simpático personaje que quizás en el pasado no se han hecho las cosas demasiado bien, pero que lo ocurrido hace diez años debería dejarse para los historiadores.
¿No me digan que este MAFO no es entrañable? Yo he tenido que dejar de escribir durante unos minutos porque la lágrimas me impedían ver el teclado.
¡Cómo le vamos a pedir cuentas a MAFO de nada! Un hombre que cuando resta 2.011 menos 2.006 le sale 10 es inimputable, no podemos hacerlo responsable de sus actos. Por eso, el mismo duda y dice que quizás no se han hecho las cosas demasiado bien. Claro que duda, cómo no va a dudar, no está seguro, no le salen la cuentas.

La revolución silenciada

La revolución silenciada es el título de un artículo publicado hace ya varias semanas en el blog No sin mi bici. Me llegó al correo electrónico, lo leí y me ha parecido muy interesante.
No creo haber escrito nada sobre Islandia y su negativa a pagar su deuda con los bancos, sobre todo, Británicos; pero me he preguntado muchas veces qué ocurriría si eso lo hiciera un país más grande por población y/o PIB o qué ocurriría si lo hiciera uno del tamaño y PIB de España. Sería un cataclismo económico, sin duda, pero ¿llegaría a provocar una intervención armada de los "guardianes de la ortodoxia" o se limitaría a asfixiarnos económicamente?
En fin, recomiendo la lectura de ese artículo y que cada cual, si le apetece, haga un poco de economía-ficción.

La verdad sobre la reforma de las pensiones

Alguien debería tener un rasgo de sinceridad con todos nosotros y contarnos la verdad de la reforma de las pensiones. No lo ha hecho el gobierno, ni los sindicatos, ni la patronal, que han celebrado como un bautizo lo que era un entierro. Tampoco lo han hecho los partidos de la oposición, demasiado ocupados, quizás, pensando en su dignidad como políticos, que ellos confunden con su cartera y sus privilegios.
Pero es necesario explicar a los españoles que el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años ha sido el señuelo con el que nos han tenido entretenidos para no contarnos lo que hay detrás.
El gobierno y los llamados agentes sociales deberían decirnos que el proceso no se hace como nos han contado: retrasamos dos años la edad de jubilación, aumentamos unos años los necesarios para tener derecho a la pensión máxima (según la cotización de cada cual) y aumentamos el periodo de cómputo y luego ya veremos que sale. No es así. El gobierno le ha pedido a los técnicos que le dijeran cómo se deberían modificar todos esos datos para conseguir un disminución media de las pensiones de un 25% o un 30% y de ahí han salido los números.
Con el acuerdo firmado, los actuarios dicen que la pensión media disminuirá del orden de un 28%, y, esto lo digo yo, como habrá personas que reunirán las condiciones para cobrar la pensión máxima, habrá otras que percibirán el 50% de lo que percibirían si se hubieran mantenido las condiciones vigentes hasta ahora.
Dicho en otras palabras, habrá personas que con la manera actual de calcular las pensiones les correspondería una jubilación de 1.200 Euros y con la nueva pasarán a cobrar 600 Euros.
¿Por qué ocurrirá eso? Porque no llegarán a los años necesarios para alcanzar la pensión máxima de su base reguladora y porque les penalizará el no tener 25 años cotizados inmediatamente anteriores a su edad de jubilación.
Nos decían que era de justicia aumentar el periodo sobre el que se calculaba la pensión porque había trabajadores que durante los últimos 15 años habían dejado de cotizar alguno y eso les penalizaba en exceso; pero lo que no dicen, pero es obvio, es que aumentando ese periodo a 25 años serán muchos más los trabajadores que no tendrán cotizados los 25 años anteriores a la edad de jubilación. Esto es un hecho puramente estadístico, pero por si alguno necesita verlo más claro sólo tiene que pensar que cualquier trabajador que se encuentre en el paro en estos momentos y que ya no perciba el subsidio por desempleo, es decir, que ya nadie esté cotizando por él, y que tiene más de 42 años ya no podrá alcanzar los 25 años de cotización al llegar a los 67 años. Lo que quiere decir que ya no tendrá derecho a la pensión máxima de su base reguladora.
El endurecimiento de la condiciones para tener derecho a una pensión ha sido tremendo y eso se ha hecho de espaldas a los ciudadanos y a los trabajadores, pasteleándolo con unos sindicatos que viven (y muy bien) de las subvenciones y que tienen una representación de los trabajadores muy discutible y con unos empresarios que se muestran encantados con todo lo que suponga disminuir las prestaciones sociales.
Para mayor escándalo, después de repetir machaconamente las razones por las que era imprescindible (a su juicio) una revisión de las pensiones y que se resume en que cada vez hay menos cotizantes por cada jubilado, es decir, menos ingresos y más gastos, deciden aprobar reducciones o exenciones en las cuotas patronales para las contrataciones a tiempo parcial. O sea, que el sistema se resiente porque no tiene suficientes ingresos y en lugar de aumentarlos los reducimos. ¿Vds. lo entienden? Yo tampoco.
Otro aspecto sustancial de esta reforma es que ha sido hecha por un gobierno que se presentó a las elecciones prometiendo el pleno empleo. Me parece una perversión de la democracia que un partido haga una política diametralmente opuesta a la que nos dijo que haría. Que haya salido elegido en las urnas no le da “barra libre” durante cuatro años para hacer lo que le venga en gana. Por eso, lo que debería haber hecho un gobierno democrático es convocar elecciones para que los partidos políticos nos cuenten sus proyectos en esta nueva situación y los ciudadanos pudiéramos escoger el programa que mejor nos pareciera. Eso es la democracia.
Y no sirve decir que no hay otras opciones y que se hizo lo que se debía hacer. Siempre hay otras opciones. Por ejemplo, algún partido podría plantear subir dos puntos los impuestos para destinar ese dinero a pensiones. ¿Quién ha dicho que las pensiones deben nutrirse exclusivamente de las cotizaciones de trabajadores y empresas? Si se permite gravar los carburantes con hasta 2 céntimos para financiar la sanidad, por qué no se puede hacer algo similar con las pensiones.
Y desde luego, lo que se debe hacer es preguntarnos a nosotros. ¿Quiénes son ellos para decidir lo que nos conviene y el grado de bienestar que vamos a tener en nuestra jubilación?
Nos están dando gato por liebre: han cambiado la democracia (gobierno del pueblo), por este nuevo despotismo partitocrático (todo (¿?) para el pueblo pero sin el pueblo).
Y para colmo, y en una muestra más de cómo el gobierno, el partido que lo sustenta y los sindicatos que hacen de comparsa en todo este asunto han perdido por completo el norte y la decencia, celebran el acuerdo de pensiones como si hubiese sido un gran éxito. Estábamos todos de funeral, con una parte esencial del estado de bienestar de cuerpo presente, y ellos celebrando que le habían dado la puntilla.

El presidente de FADE y los trabajadores

El presidente de FADE ha dicho que, después de esta crisis, los trabajadores deben saber que ya no tendrán nada seguros.

Severino García Vigón, que así se llama el ilustre personaje, se equivoca. Los trabajadores, después de esta crisis, tenemos muchas cosas seguras, sabemos con toda certeza que:

• Esta crisis y las que vengan las pagaremos nosotros.
• El gobierno de turno usará nuestros impuestos para que los bancos superen sus dificultades.
• Seguiremos pagando con nuestros impuestos subvenciones de todo tipo a los sacrificados empresarios que tanto nos quieren y tanto se sacrifican por nosotros y tanto dinero ganan a nuestra costa.
• Seguiremos pagando millonarias subvenciones a los sindicatos para que vuelvan a pactar con el gobierno y la patronal los recortes de nuestros derechos.
• Seguiremos pagando los privilegios de nuestros políticos, sus viajes, sus despilfarros, sus caprichos y sus errores.
• Seguiremos pagando canales de televisión públicos que los políticos utilizan para su mayor pompa y boato y, de paso, para colocar a sus amiguetes y compañeros de partido.
• Seguiremos observando perplejos cómo se destapan casos de corrupción, en todas las administraciones de nuestra España plural y diversa (en lo cultural y uniforme en la picaresca y el fraude) en los que políticos y funcionarios se enriquecen con nuestro dinero.
• Volverán a meter mano en el pilar de nuestra sociedad del bienestar: las pensiones, empobreciendo y precarizando a las personas más débiles y desamparadas de la sociedad: los ancianos.

El presidente de FADE está muy equivocado, después de esta crisis, los trabajadores tenemos más cosas seguras que nunca.

Es hora de pedir cuentas a nuestros políticos

¿Para qué sirven nuestros políticos?
Quisieron convencernos de que ya habíamos superado a Italia y de que en breve superaríamos a Francia.
Gastaron el dinero que tenían y el que no tenían. Todo nuestro, claro.
Se dieron buenos sueldos, coches oficiales y tarjetas VISA. Se dotaron de buenas pensiones y se preocuparon de hacerlas compatibles con todo, mientras nuestras pensiones no son compatibles con nada.
Construyeron edificios que no hacían falta, contrataron asesores que asesoraban a los asesores que asesoraban a los políticos.
Los funcionarios y los contratados por las diferentes administraciones crecieron exponencialmente.
La corrupción se fue extendiendo por todos los ámbitos de la administración pública: recalificaciones, comisiones; estudios, servicios y trabajos innecesarios o nunca realizados que se pagaban a precio de oro, a los amigos, pore supuesto.
Gestionaron las Cajas de Ahorro a su capricho político y por su propio interés personal o electoral y han llevado al borde la desaparición, cuando no a la quiebra, a estas instituciones que canalizaron los ahorros populares desde hace más de un siglo.
No ha habido cosa que hayan tocado o en la que hayan intervenido que no hayan dejado maltrecha, desvirtuada o con grandes dificultades.
Y ahora que no queda dinero en la caja, que el país está arruinado, sin empresas, sin trabajo y sin estructura productiva, atacan la base de nuestro estado social: las pensiones.
Aumentan los años para tener derecho a recibir una pensión, retrasan la edad de jubilación y aumentan el periodo de cálculo. Es decir, reducen las pensiones y ponen más dificultades para que los trabajadores puedan tener derecho a una pensión pública.
Pero debemos agradecérselo porque lo hacen por nuestro bien.
Ellos no quieren perder sus privilegios porque quieren que los políticos estén bien pagados y puedan dedicarse a su actividad sin incertidumbres y con más seguridad y facilidad que cualquier trabajador por cuenta propia o ajena.
Ellos quieren eso, pero ¿qué queremos nosotros? ¿Los necesitamos para hacer unas políticas desastrosas que al final pagamos todos nosotros?
Los políticos manejan cosas muy valiosas como para que les dejemos jugar impunemente con ellas.
Yo ni siquiera creo que sea necesario modificar las pensiones, como no se cansan de repetirnos. Pero lo que sí creo es que es hora de pedirles cuentas de lo que han hecho y de lo que no han hecho; de habernos hecho más pobres, más vulnerables y con menos derechos.

Álvarez-Cascos y el PP: historia de intereses y torpezas

El caso del PP de Asturias, Cascos incluido, deberá analizarse en los cursos de teoría política de cómo se pueden frustrar gobiernos y expectativas por las ambiciones de unos y las torpezas de todos.

Me parece incomprensible que una persona como Álvarez-Cascos, que ha sido secretario de organización del PP, y que puede ser muchas cosas, pero no poco inteligente, haya creído que era posible ser candidato a la presidencia de una Comunidad Autónoma, en este caso, Asturias, sin contar con la colaboración-aprobación de los órganos del partido aquí y en Madrid.

Él sabe, mejor que nadie, que los partidos son organizaciones creadas para garantizar la supervivencia de sus dirigentes, en primer lugar, y, en segundo lugar, para alcanzar el poder. Suya es la frase, en la otra gran crisis del PP asturiano: “más vale partido sin gobierno, que gobierno sin partido”. En aquella ocasión, en Asturias, se quedó sin las dos cosas. Pero la razón por la que los políticos actúan así es clara: en este bipartidismo imperfecto que es la democracia española, los dos grandes partidos son gobierno y oposición, según el lugar y la administración, de modo que tienen poder (léase dinero) para repartir entre sus dirigentes, que ostentan, a la vez, cargos de representación. Como todos ellos, en su gran mayoría, viven sólo de la política y siempre lo han hecho, tienen que conservar su puesto de trabajo como sea porque es su medio de vida y no van a tener la oportunidad fuera de la política de tener unos trabajos tan generosamente remunerados. Sólo hay que repasar los ingresos que perciben y compararlos con sus curriculums profesionales.

También me parece incomprensible que los dirigentes del PP asturiano y nacional hayan decidido prescindir de un candidato que podría asegurarles la victoria que vaticinan las encuestas.

¿Tan difícil era pactar una candidatura encabezada por Álvarez-Cascos, a quien habían puesto como ejemplo de político comprometido con Asturias en su etapa de vicepresidente del gobierno y de ministro de fomento? ¿Cómo es posible que a quien ponían como hacedor indiscutible de las infraestructuras de la región no sea válido para gobernar la Comunidad Autónoma?

Demasiados personalismos, demasiados intereses personales y ninguna ambición política salvo la de seguir en unos puestos excelentemente remunerados y de escasa o nula responsabilidad.

La dirección nacional del PP ha actuado con una lamentable falta de consideración hacia Asturias y hacia sus votantes asturianos, convencida, quizás, de que en las elecciones generales van a tener votos de sobra para gobernar. Pero es posible que no cuenten con que necesitarán mayoría absoluta para poder hacerlo, porque, de otro modo, no conseguirán los apoyos necesarios para la investidura; y en esas condiciones, no se puede despreciar no ya un escaño, no se puede despreciar ni un solo voto. Sería divertido que Rajoy, finalmente, no consiguiera su ansiada investidura por un diputado que podría haber conseguido en Asturias. Sería un justo castigo a su soberbia y al, si no desprecio, sí menosprecio por esta región.