Las protestas de los mineros del carbón ya duran más de un mes y la violencia, sobre todo en Asturias y, algo menos en León, sigue aumentando.
Con el escenario de la reconversión minera, que dura ya treinta años, y la justificación de los recortes adoptados por el gobierno, vemos cómo dos grupos de trabajadores se enfrentan a diario. Los mineros creen defender sus puestos de trabajo y el futuro de las comarcas mineras, cuando, en realidad, están siendo utilizados por las empresas mineras que han venido obteniendo sustanciosos beneficios con subvenciones al carbón e indemnizaciones por el cierre de explotaciones. Tampoco son ajenas otras empresas que se han beneficiado de la lluvia de millones que caía sobre las regiones mineras con el fin, supuesto, de reconvertir las comarcas mineras.
También son actores importantes, aunque ahora voluntariamente apartados del foco, los políticos que han manejado esos fondos para sus propios intereses políticos.
Y, como no, los sindicatos mineros que han manejado fondos y subvenciones a su antojo pensando siempre en sus propios intereses y nunca o casi nunca en los de los trabajadores y las comarcas que decían defender.
El otro grupo lo forman las fuerzas del orden, policía y guardia civil que, si juzgamos por las opiniones de algunos, parecen ser seres irracionales que disfrutan con la violencia.
Pero ellos obedecen órdenes, hacen su trabajo, el que les ordenan sus superiores y, afortunadamente, hay imágenes suficientes de la violencia de los mineros como para poder mantener, siendo mínimamente honesto, que utilizan la fuerza de manera desproporcionada.
Cohetes dirigidos utilizando tubos como lanzaderas, pelotas de golf, bolas de rodamientos disparadas con gomeros (tirachinas), barricadas en las vías del tren, en las autopistas... Las imágenes son espeluznantes y la pasividad, cuando no complacencia, de políticos y sindicalistas, es lamentable, negligente y, aunque llegado el momento lo nieguen, cómplice.
Ya ha habido varios heridos, algunos de gravedad, no sólo entre agentes de la guardia civil, algo que, curiosamente parece no preocupar a nadie, como si por ser agentes de la guardia civil ya no tuvieran derechos y cualquier tropelía que sufran estuviera justificada.
También ha habido heridos “civiles” cuyo coche o el tren en el que viajaban ha chocado contra una barricada o ha sido impactado por un cohete lanzado por los mineros.
No hay que ser vidente para saber que no está lejos el momento en el que se producirá una víctima mortal. Será un policía o un guardia civil, un minero, un manifestante (no todos son mineros) o una persona ajena al conflicto, pero la estadística nos dice que terminará por ocurrir. Y cuando suceda veremos, como tantas otras veces, a políticos y sindicalistas ponerse de perfil y condenar la violencia con tanta hipocresía y desfachatez como ahora callan o alaban la lucha de los mineros y condenan la actuación de las fuerzas de orden público.
La sinrazón y la desvergüenza no tiene límites. Al tiempo.
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