La política hace tiempo que, en España, se ha convertido en una actividad perversa, pero con la llegada de la crisis y su agudización de los últimos meses se ha puesto del todo en evidencia.
Se aprueban recortes de todo tipo para los ciudadanos con la excusa de que es inevitable para disminuir los gastos del Estado y atajar el déficit, pero se mantienen intactas las estructuras hipertrofiadas de una administración tan ineficaz como desmesurada.
No se busca corregir los defectos de base de una estructura estatal insostenible económicamente, ineficaz y que tiene como fin primordial colocar a los militantes y simpatizantes a fuerza de crear cientos de organismos, entes, empresas públicas y semipúblicas, patronatos y cualquier tipo de organización a la que destinar recursos cuyo objetivo principal es pagar buenos sueldos a los amiguetes colocados en ellos.
En estos meses de recortes de servicios, subidas de impuestos e incremento de precios de productos regulados no se ha tomado ni una sola decisión que afecte de manera sustancial a esa estructura que nos asfixia económicamente y que nos complica la vida con obligaciones absurdas.
Con la apariencia de una administración moderna mantenemos unos funcionamientos propios del siglo XIX, en los que todas las obligaciones recaen sobre los súbditos (que nos ciudadanos) y todos los derechos sobre la administración.
Los políticos se empeñan en mantener esa maquinaria funcionando a costa de los impuestos de los ciudadanos y a pesar de que la misma es un lastre para éstos y para el desarrollo de sus proyectos empresariales.
Los organismos de control, con el Banco de España como paradigma, se han demostrado totalmente incapaces de ejercer la función reguladora para la que fueron creados. Las Cajas de Ahorros fueron llevadas a la quiebra por una gestión suicida; muchos bancos están al borde de la quiebra, cuando no quebrados, por una errónea política de riesgos. Los oligopolios acuerdan precios saltándose las leyes de la competencia. Las empresas eléctricas consiguen de los gobiernos reconocimientos de deudas por unos déficit de tarifas que ellas mismas establecen y fichan a expresidentes y a exministros en una sospechosa y odiosa colusión de intereses que a cualquier ciudadano con unos índices de moralidad en los límites de lo normal sólo pueden que repugnarle.
Las Cajas de Ahorros han sido arruinadas por unos gestores que han creído que los libros de cuentas lo aguantan todo y que el dinero caía del cielo y que antepusieron sus intereses políticos por encima de la solvencia y el futuro de las entidades que dirigían. Pero, además, las esquilmaron con sueldos millonarios, contratos blindados y planes de pensiones que avergonzarían a cualquier persona decente.
En definitiva, los gobernantes de nuestra democracia, que surgió tras una modélica transición desde la dictadura, han llevado a nuestro país a la ruina e, incapaces de reconocer sus errores, el alcance de los daños y la imposibilidad de continuar con este modelo de Estado, se mantienen empecinados en el error haciendo que los contribuyentes paguemos las consecuencias sufriendo los recortes de los servicios y el aumento de los impuestos.
¿Hasta cuando vamos a consentir que se salgan con la suya?
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