La corrupción política en España es más llamativa no por los numerosísimos casos que se dan por toda la geografía y en todos los partidos (en todos no, oiga; es cierto, en todos los que tienen algo de poder, el resto a esperar que las urnas les sean propicias), sino por la casi ausencia de casos en otras instituciones. Y no quiero señalar.
Los que somos aficionados a las series y películas del imperio, estamos acostumbrados a ver casos de corrupción en políticos, sí, y en jueces, fiscales, policías, militares. Nadie se libra, y es lógico, porque así es la condición humana. Por eso en España, casi más alarmante que la corrupción política que se destapa lo es que no se descubra apenas ningún caso en esos otros ámbitos.
En los casos judiciales que están actualmente en la lista de éxitos tenemos a media España defendiendo a uno de los imputados (Garzón) y considerando culpables sin ninguna presunción de inocencia a los imputados en el otro caso (Gürtel). La otra media hace lo mismo, pero al revés.
El daño que se está causando al sistema judicial es inmenso, pero eso no parece importarle a nadie, aquí lo único que importa es que se salgan con la suya los nuestros, el resto no importa.
Los medios de comunicación no son ajenos a esto, sino actores muy principales, y en primera plana reprochan la imputación de un juez por motivos tan peregrinos como la ideología de los denunciantes o lo "justo" de la causa que perseguía y en la misma plana el mismo día o el siguiente se felicitan por el funcionamiento del estado de derecho que sienta en el banquillo a los corruptos del adversario.
Cuando el traficante de drogas, el terrorista, el proxeneta o el ladronzuelo sean juzgados, ¿veremos impasibles y confiados como actúa el llamado imperio de la ley?
Si algún día tenemos la desgracia de tener que enfrentarnos a un proceso judicial por un asunto de tráfico o por un error policial, ¿esperaremos confiados que "triunfe el estado de derecho" y nos hagan justicia? ¿Qué justicia, la de los que piden, reclaman, hacen manifestaciones y comunicados de apoyo a un juez que, se supone, está sometido como todos a nuestro sistema judicial? ¿O la de aquellos que denunciaban una conspiración cuando investigaban por corrupción a sus compañeros de partido?
Ver lo que está ocurriendo con estos casos y pedirnos a los ciudadanos que confiemos en el estado de derecho es una auténtica tomadura de pelo y, que nadie lo dude, tendrá consecuencias, y no será la menor el debilitamiento de un poder judicial ya bastante cuestionado por sus retrasos en resolver los asuntos, lo que en muchas ocasiones obedece a una lamentable carencia de medios, carencia que depende del poder político y que quizás no obedezca sólo a la indolencia.
Y para terminar, una pequeña referencia a las elecciones a la presidencia de la Cámara de Comercio de Gijón. Finalmente hubo acuerdo y ambos candidatos pactaron. ¿Qué? Pues estar dos años cada uno como presidentes de la entidad. El aspirante perdió casi todos los apoyos, pues éstos no votaron la candidatura conjunta, pero a él no pareció importarle y ahora se dedica en los medios a desdecirse de todo los dicho cuando era aspirante.
El revalidado presidente dijo que los empresarios habían dado, con el pacto, una lección a los políticos. Pues no. Los políticos son maestros en esas lides en las que el acuerdo no es precisamente ejemplar.
Sí, España es diferente, pero no por los topicos de siempre, sino porque es un país en el que triunfa la farsa y el esperpento en el que todos, por acción u omisión, colaboramos.
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