Cuando aún faltan unos días para que se cumpla un año desde su toma de posesión, el gobierno de Rajoy ha alcanzado un grado de impopularidad que va más allá del que le podrían haber granjeado las medidas anticrisis que todo el mundo suponía tendría que adoptar cuando hubiese llegado al poder. A esa impopularidad hay que añadir una gran desconfianza y una total falta de credibilidad.
Visto lo ocurrido con el PSOE, si esto sigue así, es muy probable que en las próximas elecciones el PP se convierta en un partido minoritario con una representatividad similar a la que tuvo en sus orígenes, cuando se llamaba Alianza Popular. Y se lo habrán ganado a pulso Rajoy, su gobierno y los miembros más destacados del partido.
El conflicto de la sanidad de Madrid es de tal magnitud y su repercusión en el resto de España tan grande, que el gobierno central haría mal en considerarlo solo como un problema dentro del ámbito de esa Comunidad Autónoma.
Este conflicto se entiende menos si tenemos en cuenta que la Comunidad de Madrid era la muestra de la supuesta buena gestión del PP, el ejemplo de cómo ellos podrían sacar a España de la crisis cuando alcanzaran el gobierno de la nación. Por eso ahora nos preguntamos los que vivimos fuera de Madrid, y supongo que buena parte de los madrileños, por qué de repente imponen el euro por receta (como en la quebrada Cataluña) o la privatización de la gestión de la sanidad pública como ya hiciera la quebrada Comunidad Valenciana en los tiempos de bonanza.
Los jueces, abogados, procuradores y resto del personal relacionado con la Justicia están en contra de las medidas de Gallardón, quién no ha dado un solo paso para mejorar la calidad y rapidez de la justicia española, pero si se ha dado mucha prisa por establecer tasas judiciales que ponen en peligro la tutela judicial efectiva de una amplia capa de la población, sin que esté claro que vayan a suponer ninguna mejora en el funcionamiento de un sistema judicial escaso de medios materiales y personales, del que, además, se le eliminan miles de jueces sustitutos sin que se convoquen oposiciones para que nuevos jueces de carrera puedan ocupar esas plazas.
Los defensores del gobierno argumentarán que la oposición a estas medidas obedece al corporativismo, pero es difícil sostener ese argumento si se analizan las razones de los distintos grupos de profesionales (de todo el espectro ideológico) afectados por las medidas en contraposición con las que aporta el ministro del ramo.
Otra de las medidas de Gallardón, la penúltima, ha sido dar las competencias del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles, con lo cual, servicios hasta ahora gratuitos y muchos de ellos obligatorios estarán sujetos a los aranceles de los registradores. ¿Alguien se puede creer que esta medida disminuirá notablemente la carga de los juzgados? ¿No será más bien una medida encaminada a compensar la caída de ingresos de los registradores de la propiedad que, debido a la crisis, ¡los pobres!, ya no tienen ingresos millonarios como años atrás?
Hoy leo en la prensa que los rectores de las universidades públicas también están en contra de la reforma del ministro Wert y, como en el caso de la justicia, o de la sanidad, pertenecen a todo el arco ideológico, para consternación de los que no saben interpretar la realidad si no es desde la dualidad izquierda/derecha, PSOE/PP.
El gobierno tiene serios problemas y no son solo derivados de la terrible crisis económica que asola el país, ni mucho menos. Las personas son lo suficientemente maduras, y si no lo son la realidad les ha pasado por encima como una apisonadora, para saber que en situaciones excepcionales es necesario adoptar medidas igualmente excepcionales, pero la mayoría de la muy mayoritaria clase media está llegando al convencimiento de que el gobierno se está dando mucha prisa en adoptar medidas que tienen escaso efecto para paliar la crisis, pero que obedecen a su forma de entender la sociedad: sólo tienes derechos si te los puedes costear y es preciso alimentar intereses privados antes que mejorar la gestión y la eficacia de los servicios públicos.
Otra de las convicciones que el gobierno ha llevado al ánimo de los ciudadanos es que no tienen ningún interés en acabar o ni tan siquiera recortar los enormes privilegios de una clase política hipertrofiada que hasta ahora capea la crisis con mucho menos esfuerzo que el común de los contribuyentes.
Llevar a cabo todas las medidas que dijeron que no tomarían ha conseguido que la gente ya no crea ninguna afirmación del gobierno. Éste es el gran problema de mentir: cuando las mentiras se ponen de manifiesto deja de haber razones para seguir creyendo que ahora no estén mintiendo de nuevo.
Tampoco se puede dejar de lado el hecho de que, en este último año, los que repitieron hasta la saciedad que ellos sabían qué hacer y que su llegada al gobierno sería el primer paso para salir de la crisis, no solo no han conseguido aminorar ni gramo el peso de la misma, sino que éste ha aumentado considerablemente.
El gobierno del PP no ha tomado ni una sola medida de apoyo a los más afectados por la crisis, al tiempo que tampoco ha querido adoptar ninguna que haga recaer un mayor esfuerzo en los más favorecidos de nuestra sociedad.
La crisis está llevando a la descomposición de la clase media de nuestro país y las medidas del gobierno acentúan su desestructuración. Puede resultar muy peligroso que amplias capas de la población terminen viendo como un ataque personal y directo (que lo es) esas medidas que están desmantelando unos sistemas de protección social que creían sólidamente asentados.
El gobierno juega con fuego y haría bien en detenerse un momento en estas próximas fiestas navideñas, tan propicias para la reflexión, para pensar si el camino que han emprendido no es demasiado peligroso, si no para nosotros, que seguramente les trae sin cuidado, sí para ellos, ya que mientras sigamos teniendo derecho al sufragio (y siga siendo gratis, Gallardón mediante), lo usaremos para desalojarlos del poder que recibieron para solucionar nuestros problemas y que están utilizando en nuestra contra.
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